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L. Fotis Lymberópulos Presenta:Diez detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico

La Voz

10:50 • 27 abr. 2020

Agentes de la Policía Nacional, durante el desarrollo de la operación «Reyes» desarrollada en Almería y Roquetas de Mar, han detenido a 10 personas, quienes conformaron un entramado societario con empresas pantalla y testaferros, para blanquear el dinero procedente de las actividades ilícitas a las que se dedicaban.

Durante el transcurso de otro operativo policial en el año 2017 en Almería, en el cual se produjo el arresto de un clan familiar dedicado al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional inició las primeras investigaciones patrimoniales, para detectar la introducción en el tráfico legal de capitales procedentes de las actividades ilícitas, para así legitimar dichos activos y disfrutar de los mismos de manera legal.

La investigación policial fue desgranando un entramado mercantil, con empresas ficticias y sin actividad económica, testaferros y personas interpuestas que, a criterio de los agentes, han podido blanquear cantidades de dinero incalculables.

Movimientos económicos encubiertos

La «operación Reyes» se centró entonces en cuatro personas, un hombre y una mujer que son matrimonio, su hijo y la mujer de este. Residentes en Roquetas de Mar y en el Barrio Almeriense de Pescadería, diseñaron una red de testaferros y seis empresas pantalla, las cuáles se constituyeron como sociedades limitadas cuyo objeto social era múltiple. Fruto de estas investigaciones ha quedado suficientemente acreditado que, estas empresas han alcanzado un movimiento económico de gran magnitud en el periodo temporal de los últimos cinco años, el cual ha aflorado tras el inicio de las indagaciones policiales.

Además de estas cuatro personas detenidas, la Policía Nacional ha arrestado a otros cuatro testaferros, ubicados en diferentes provincias del entorno nacional, quienes trataban de ocultar los beneficios a través de empresas pantalla con supuesta actividad comercial legal entre las que se encontraba la compraventa de vehículos de alta gama, asentadas en dichas localidades.

Los detenidos, habían contratado o en su caso disponían de productos financieros en los cuáles manejaban cantidades superiores a los ingresos conocidos. Carecían a su vez de ingresos por empleos remunerados, y de haber dichos ingresos, éstos provenían de prestaciones de ayuda por parte del I.N.S.S.

La Policía Nacional llevó a cabo cuatro registros domiciliarios

Finalmente, en colaboración con la Fiscalía y con el Juzgado encargado de la instrucción del caso, se procedió a la entrada y registro de cuatro viviendas, dos en Almería, una en Aguadulce y otra en Roquetas de Mar.

Durante la práctica de los mismos, la Policía Nacional intervino tres vehículos de alta gama, algo más de 1.000 euros en efectivo, 80 gramos de oro, 229 plantas de marihuana, así como numerosa documentación de gran interés para la investigación.

Además, la Operación se saldó con el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias, el afloramiento y comunicación de las seis empresas ficticias, y el embargo y precinto de seis vehículos, además de los tres intervenidos.

Los detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, organización criminal, blanqueo de capitales, quien por el momento, ha acordado el ingreso en prisión de uno de ellos.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotrá…

Agentes de la Policía Nacional, durante el desarrollo de la operación «Reyes» desarrollada en Almería y Roquetas de Mar, han detenido a 10 personas, quienes conformaron un entramado societario con empresas pantalla y testaferros, para blanquear el dinero procedente de las actividades ilícitas a las que se dedicaban.

Durante el transcurso de otro operativo policial en el año 2017 en Almería, en el cual se produjo el arresto de un clan familiar dedicado al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional inició las primeras investigaciones patrimoniales, para detectar la introducción en el tráfico legal de capitales procedentes de las actividades ilícitas, para así legitimar dichos activos y disfrutar de los mismos de manera legal.

La investigación policial fue desgranando un entramado mercantil, con empresas ficticias y sin actividad económica, testaferros y personas interpuestas que, a criterio de los agentes, han podido blanquear cantidades de dinero incalculables.

Movimientos económicos encubiertos

La «operación Reyes» se centró entonces en cuatro personas, un hombre y una mujer que son matrimonio, su hijo y la mujer de este. Residentes en Roquetas de Mar y en el Barrio Almeriense de Pescadería, diseñaron una red de testaferros y seis empresas pantalla, las cuáles se constituyeron como sociedades limitadas cuyo objeto social era múltiple. Fruto de estas investigaciones ha quedado suficientemente acreditado que, estas empresas han alcanzado un movimiento económico de gran magnitud en el periodo temporal de los últimos cinco años, el cual ha aflorado tras el inicio de las indagaciones policiales.

Además de estas cuatro personas detenidas, la Policía Nacional ha arrestado a otros cuatro testaferros, ubicados en diferentes provincias del entorno nacional, quienes trataban de ocultar los beneficios a través de empresas pantalla con supuesta actividad comercial legal entre las que se encontraba la compraventa de vehículos de alta gama, asentadas en dichas localidades.

Los detenidos, habían contratado o en su caso disponían de productos financieros en los cuáles manejaban cantidades superiores a los ingresos conocidos. Carecían a su vez de ingresos por empleos remunerados, y de haber dichos ingresos, éstos provenían de prestaciones de ayuda por parte del I.N.S.S.

Cuatro registros domiciliarios

Finalmente, en colaboración con la Fiscalía y con el Juzgado encargado de la instrucción del caso, se procedió a la entrada y registro de cuatro viviendas, dos en Almería, una en Aguadulce y otra en Roquetas de Mar.

Durante la práctica de los mismos, la Policía Nacional intervino tres vehículos de alta gama, algo más de 1.000 euros en efectivo, 80 gramos de oro, 229 plantas de marihuana, así como numerosa documentación de gran interés para la investigación.

Además, la Operación se saldó con el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias, el afloramiento y comunicación de las seis empresas ficticias, y el embargo y precinto de seis vehículos, además de los tres intervenidos.

Los detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, organización criminal, blanqueo de capitales, quien por el momento, ha acordado el ingreso en prisión de uno de ellos.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:¿Estamos preparados para erradicar el blanqueo de capitales?

Se estima que cada año hasta el 75% del dinero generado a partir de actividades ilegales, tales como el tráfico de armas, drogas o incluso personas, se consigue blanquear a través de algún punto de entrada al sistema financiero.

Lo que esto nos está diciendo es que luchar contra el blanqueo es, antes que una obligación legal, que también, una obligación moral, una cuestión de responsabilidad social. Cabría pues preguntarse, ¿estamos preparados para asumir esta responsabilidad?

Es un hecho que la tecnología digital está transformando el mundo. La llegada de las criptomonedas, la tokenización y la eclosión de las empresas ‘fintech’ han creado nuevas formas de dinero y han multiplicado las formas de interactuar con él, incluidas las menos honestas. Las autoridades, de forma acertada y en virtud de su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, responde a estas nuevas amenazas aumentando la presión regulatoria sobre los sujetos obligados, mediante dos tipos de actuaciones principales. Por un lado, amplía la propia definición de Sujeto Obligado, incluyendo una mayor tipología de negocios, como pueden ser joyerías, inmobiliarias, despachos de abogados, notarios, plataformas de financiación participativas, galerías de arte… y por otro lado, exige controles más exhaustivos. En resumen, más regulación para más empresas.

Como ciudadano me preocupa que el sector del cumplimiento normativo no sepa adaptarse a esta transformación. Como ingeniero no me cabe duda de que esta transformación sólo será posible a través de una disrupción tecnológica, que elimine de forma efectiva los frenos que hoy en día impiden un correcto cumplimiento por parte de las empresas.

El mayor freno a mi parecer es sin duda el elevado coste asociado a las tareas de cumplimiento. Un coste que viene dado, en gran medida, por la existencia de demasiados procesos ejecutados de forma manual. Si bien algunas tareas son necesariamente manuales, como el tratamiento de las alertas cuando hay alguna coincidencia con las listas globales de terroristas y sancionados que no pueden ser automatizadas, queda mucho por hacer para corregir la ineficiencia de las herramientas actuales. Siguiendo con el caso de las búsquedas en listas, es ciertamente desmotivante para el sujeto obligado que las herramientas actuales devuelvan una tasa de falsos positivos (personas clasificadas erróneamente de alto riesgo por el sistema) superior al 99%. Si a este pobre rendimiento se suma la total ausencia de herramientas económicamente asequibles para los nuevos sujetos obligados de pequeño y mediano tamaño, con partidas presupuestarias muy alejadas de las que disponen las entidades bancarias, el panorama desde el punto de vista de la empresa que quiere cumplir puede llegar a ser desolador.

Otro freno no menor a la hora de cumplir con las obligaciones es sencillamente el desconocimiento. A falta de una comunicación oficial a los sujetos obligados muchas empresas desconocen sus obligaciones, quedando además expuestas a ser multadas por el regulador. Una sencilla herramienta telemática, o la coordinación con otras instituciones, podría remediar esta situación.

La ausencia de inspecciones, sobre todo en sectores de ‘nuevos’ sujetos obligados, como las galerías de arte, podría considerarse un factor desincentivador. En este punto hago hincapié en que, en mi opinión, es la propia administración pública la responsable en último término de crear las condiciones y los incentivos necesarios que propicien tasas de cumplimiento y eficacia cada vez mayores. Si me aceptan el símil, nada hay nada más motivador para un trabajador que el ejemplo de un jefe justo, eficaz y diligente.

Otro freno que observo en la actualidad, sin duda más difícil de cuantificar, es el derivado de la complejidad de la regulación y los posibles conflictos o contradicciones con otro tipo de normativas, códigos o regulaciones. Un caso paradigmático es el secreto profesional que ampara a los abogados, y que les permite no tener que cumplir con alguna de las obligaciones de prevención, como la de comunicar o denunciar una operación sospechosa. En este caso específico, el artículo 22 de la Ley 10/2010 entra en conflicto con el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía, a la hora establecer la exigencia o no de encontrarse el cliente en un proceso de judicial para poder aplicar el supuesto.

Desde un punto vista más personal, creo que uno de los mayores enemigos de la Prevención del Blanqueo de Capitales es que su cumplimiento se percibe como un coste, cuando en realidad debería verse como un valor añadido, como un servicio más que la empresa ofrece a la sociedad a través de sus productos y servicios. Desde una perspectiva de consumidores, de forma análoga a los controles de seguridad en el aeropuerto, deberíamos exigir a los sujetos obligados que cumplan sus obligaciones de forma exhaustiva, correcta, y de la forma más efectiva y eficiente. Y a las empresas tecnológicas deberíamos exigir que pongan toda su capacidad creativa al servicio del desarrollo de nuevas y mejores herramientas.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:El agente Fali Ramadani investigado por presunto blanqueo de capitales

Fali Ramadani, agente de futbolitas.
Fali Ramadani, agente de futbolitas.
Ángel Rivero

Fali Ramadani, agente de futbolistas, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por participar en uan presunta trrama de blanqueo de capitales descubierta en Mallorca, según informa el diario Última Hora. La Guardia Civil ha registrado durante seis horas si vivienda ubicada en una exclusiva urbanización del municipio de Calvià y ahora se analiza la documentación intervenida. En la operación han intervenido el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y el Grupo de Investigación Finaciera (GIF) ambos pertenecientes a la UCO.

El representante de futbolitas está acusado de un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales y en unos días deberá viajar a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado, según confirmaron este sábado en fuentes judiciales.

Otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en el mismo caso. Los sospechosos son de países del Este y utilizaron a algunas conocidas empresas de la Isla para blanquear.

Además de Fali Ramadani, la Guardia Civil ha imputado a un exportero de fútbol de una selección internacional que reside también en el municipio de Calvià, muy cerca del representante. Ramadani representa a figuras mundiales como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta: Blanqueo de Capitales

Laertes Fotis Lymberopulos

Laertes Fotis Lymberopulos

¿Qué tienen en común los asistentes de gasolineras y los financieros del terrorismo internacional? Ambos saben cómo limpiar el dinero sucio.

Los investigadores financieros federales están acostumbrados a rastrear a los traficantes de drogas y los lavadores de dinero, no a los terroristas. Pero las prácticas que los traficantes de drogas y los delincuentes de cuello blanco han usado en el pasado para ocultar fondos ilícitos les dan a los investigadores un modelo para rastrear el dinero de los terroristas.

Las operaciones de lavado de dinero a menudo se ejecutan en negocios legítimos que se dedican principalmente al efectivo y venden bienes de consumo, dice Michael Hearns, un oficial de policía en Coral Gables, Florida, que capacita a investigadores federales en prácticas de lavado de dinero. El modelo de gasolinera y traficante de drogas proporciona una forma básica de entender cómo funciona el lavado de dinero. Los traficantes de drogas a nivel de la calle generalmente se pagan en pequeñas facturas, dice Hearns, que ocupan espacio y son difíciles de ocultar. También están destrozados y desgarrados, ya que a menudo los usuarios los ocultan en sus zapatos, boca o cavidades corporales.

Los concesionarios necesitan una forma de limpiar sus fondos, literal y figurativamente. Un método es llevar grandes sumas de efectivo a los empleados de las estaciones de servicio, que intercambian billetes pequeños por denominaciones más grandes, que se guardan bajo el cajón de efectivo en el registro y están separadas del total oficial de la caja registradora. La estación mantiene una tarifa y puede pagar sus libros de contabilidad para ocultar los fondos bajo la apariencia de un buen día de trabajo. El distribuidor ahora tiene un bloque de dinero que puede transportar más fácilmente, y la estación de servicio ha ocultado la participación de la tienda en el intercambio.

Los investigadores federales que intentan romper las redes terroristas de lavado de dinero están buscando patrones similares, dice Hearns. Las pequeñas empresas proporcionan el escondite perfecto para el dinero sucio porque pueden ocultar sus actividades tan fácilmente. Muchos de los grupos nombrados por la administración Bush como partidarios del terrorismo se ajustan al perfil tradicional. Las organizaciones benéficas, panaderías y fabricantes de miel se encuentran entre las organizaciones que han sido allanadas en los Estados Unidos y en el extranjero bajo sospecha de canalizar dinero lavado a organizaciones terroristas.