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L. Fotis Lymberópulos Presenta:Expertos en prevención de blanqueo de capitales del CGAE confían en la operatividad del R…

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La abogacía institucional presentará alegaciones al anteproyecto que modificará la Quinta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT).

Los cerca de cuarenta profesionales que configuran la subcomisión de Prevención del Blanqueo del Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, presidida por el abogado Jesús Pellón, mantuvieron este miércoles una primera reunión telemática a fin de abordar el estudio del anteproyecto de ley para modificar la actual normativa Ley 10/2010 y transponer varias directivas europeas, entre ellas la conocida como Quinta Directiva.

El pasado martes 15 de junio el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó en trámite de audiencia el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/20101 de Prevención del Blanqueo de Capitales y se transponen determinadas directivas europeas, entre ellas la conocida como Quinta Directiva.

En enero de 2020 venció el plazo de transposición de esta directiva y la Comisión Europea ha requerido a España para que tramite con urgencia las modificaciones legislativas para implantarla.

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Esta subcomisión se ha organizado en grupos de trabajo para estudiar mejor dicha directiva y elaborarán un documento de alegaciones que presentarán antes del 23 junio. Al ser declarado el procedimiento urgente los plazos de consulta se han acortado a la mitad.

Jesús Pellón, presidente de la subcomisión de Prevención del Blanqueo del Capitales del CGAE.

Para estos expertos, esta futura norma es importante en relación al ejercicio profesional de la abogacía “hacemos un estudio de cara a que nuestros compañeros puedan cumplir esta nueva directiva. No parece que sea gravosa al no incrementar las obligaciones de manera significativa”, aclara el propio Pellón a Confilegal.

La futura normativa parece que busca un equilibrio entre la normativa de protección de datos y la de prevención de blanqueo de capitales.

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“La lucha contra el blanqueo de capitales requiere de mucha información, pero hay que evitar la colisión con la privacidad de los ciudadanos. Ahora se tiene claro qué información se puede facilitar y a quién”, explica este jurista.

Desde el CGAE se vuelve a insistir en que la abogacía debería tener su Órgano Centralizado de Prevención, como tienen otros colectivos como notarios y registradores, a través del cual se pueden denunciar operaciones sospechosas y cumplir la normativa vigente de prevención del blanqueo.

Registro de Titularidades Reales

Una de las novedades más esperadas es la creación del Registro de Titularidades Reales, en su disposición adicional tercera, que se ubicará en el Ministerio de Justicia y centralizará la información disponible en el Registro Mercantil y en el Consejo General del Notariado.

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Tras muchos debates, finalmente el anteproyecto señala que este registro estará gestionado por el Ministerio de Justicia e incluirá la información disponible en registros de fundaciones, asociaciones, del Registro Mercantil y del Consejo General del Notariado.

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Todos los sujetos obligados tendrán acceso a este registro y podrán recabar pruebas documentales que les permitan cumplir así con sus obligaciones de identificación del titular real.

“Todavía no está claro ni cómo ni cuándo se pondrá en marcha. Queda en el aire aún como va a funcionar en la práctica este nuevo organismo. Lo que realmente reclamamos los abogados es que dicho Registro sea único, accesible y que funcione bien para poder cumplir nuestras obligaciones de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales”, apunta Pellón.

Al mismo tiempo, todas las sociedades mercantiles estarán obligadas a obtener, conservar y actualizar la información detallada de sus titulares reales durante un periodo de diez años.

Esta responsabilidad corresponderá al órgano de administración de la sociedad, que deberá solicitarla a las personas físicas que tengan la condición de titulares reales.

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En los casos de riesgo superior al promedio, los sujetos obligados no podrán descansar únicamente en el acceso a este registro y deberán realizar comprobaciones adicionales.

Los clubes de fútbol se quedan fuera

En cuanto al resto de las novedades, Jesús Pellón advierte que entre las nuevas categorías de sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales “seguimos echando de menos a los clubes de fútbol, sobre todo con las cifras que manejan y que aún no estén en dicho listado que acaba de actualizarse”.

En el citado anteproyecto, se incluyen, como nuevos sujetos obligados de la Ley 10/2010, las llamadas las plataformas de financiación participativa y los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales y de custodia de monederos electrónicos de esas monedas virtuales, “algo que ya se venía demandando por muchos expertos”.

Junto a ellos aparecen las Socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) y las sociedades gestoras de fondos de titulización, y las sociedades que, aun no desarrollando actividades sujetas a la PBCyFT, sean la sociedad dominante de un grupo de empresas que incluya dos o más sujetos obligados.

Pellón recuerda que se han modificado algunas categorías “los promotores inmobiliarios, de los que solo estarán sujetos los que obtengan rentas superiores a 120.000 euros anuales”.

En cuanto a la referencia a asesores externos de sociedades, se elimina y se señala que solo estarán sujetos a la Ley 10/2010 los que presten determinados servicios, como la constitución de sociedades para posterior transmisión a terceros o servicios de secretaría societaria.

“Como puede verse, la norma avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y puede ser eficaz, en un país como el nuestro, donde los informes del GAFI nos señalan como uno de los más eficaces en la lucha contra esta lacra”.

Este anteproyecto se tramita en nuestro país cuando suena con fuerza la idea en la Unión Europea de crear un órgano centralizado de prevención del blanqueo, una información que ya adelantó Confilegal hace unos días.

“Es un tema político de cesión de los estados a la UE y podría ayudar a la lucha contra esta lacra. Habrá que ver si están dispuestos a ceder esa competencia a este órgano supranacional”, comenta.

Colaboración entre sujetos obligados

El anteproyecto prevé la posibilidad de que los sujetos obligados pertenecientes a una misma categoría creen sistemas comunes de información para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida. Se exceptúa el seguimiento continuado de la relación de negocios, que debe seguir realizándolo la propia entidad.

Estos registros podrá mantenerlos un tercero (aun cuando no tenga la condición de sujeto obligado) y se notificará su creación al supervisor como mínimo 60 días antes de ponerlo en marcha.

Pellón aclara que este anteproyecto incluye otras modificaciones, entre las que se destacan los ajustes en los requerimientos para la identificación no presencial, referidos a la verificación de la identidad del cliente y la remisión a la firma electrónica cualificada regulada en el reglamento.

También se detalla la conservación de documentación cuando la identidad del cliente se acredite mediante firma electrónica y se incluyen los cargos autonómicos y locales de partidos políticos en la definición de persona con responsabilidad pública (PRP).

En este texto normativo se reduce de dos años a uno el plazo en el que hay que seguir aplicando medidas de diligencia debida reforzadas, desde que el cliente pierde la condición de PRP.

Al tiempo, actualización de las normas sobre protección de datos para adaptar el contenido de la Ley 10/2010 a las nuevas disposiciones del Reglamento General de Protección Datos (RGPD).

Otra cuestión que destaca es la inclusión de las materias primas, como el oro, en la definición de medios de pago, así como la integración de las entidades de dinero electrónico y entidades de pago en el Fichero de Titularidades Financieras y en las obligaciones que de él se derivan.

También se plantea una regulación más estricta de la figura del experto externo, que deberá pronunciarse explícitamente acerca del grado de cumplimiento real sobre cada una de las obligaciones de la PBCyFT.

Este anteproyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se pueden presentar comentarios hasta el próximo martes, día 23.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:El Gobierno refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terro…

El
Gobierno refuerza, en base a la nueva normativa europea, la persecución y prevención
sobre el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Así,
el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
ha sacado a audiencia pública el
Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva
comunitaria UE
2018/843
de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V
Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas
medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros.
El Anteproyecto de Ley refuerza el sistema de control del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incorporando las
nuevas disposiciones comunitarias e incluyendo mejoras adicionales en la norma
actual para incrementar la efectividad de los mecanismos de prevención.

La
aprobación parlamentaria del texto normativo, que ya ha sido objeto de consulta
pública y de informe preceptivo previo por la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, está prevista para el segundo
semestre de 2020.

Monedas virtuales

Una de
las principales novedades derivadas de la V Directiva es la inclusión de nuevos
sujetos obligados que deben cumplir con
las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiació
n del terrorismo.
Entre estos nuevos sujetos obligados están los proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo a los
servicios de cambio de moneda virtual
por moneda de curso
legal o viceversa, o de cambio entre monedas virtuales. Asimismo, se añaden a
los proveedores de servicios de
custodia de monederos electró
nicos o de salvaguardia de claves.
Los nuevos sujetos obligados deberán estar registrados y serán supervisados por
las autoridades.

Otra
de las novedades es el reforzamiento del sistema de identificación de los titulares reales de las personas
jurí
dicas, para lo que se crea un sistema registral único que incluirá la información de
los titulares reales ya existente en el Registro Mercantil y en las bases de
datos notariales, e incorporará la obligatoriedad del registro de los trust y entidades de
naturaleza similar que operen en nuestro país y de sus titulares reales. Este
nuevo sistema registral permitirá la
interconexión de la información con los registros de los otros países de
la Unión Europea y facilitará el acceso público a esta información.

Junto
a las obligaciones registrales, se establece el deber para los sujetos
obligados de solicitar esta información registral en sus relaciones de negocios
con personas jurídicas, y el deber para las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar la información de su
titularidad real y proveerla a autoridades y a sujetos obligados cuando así se
requiera.

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* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:Delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales: dos puntos de vista (…

Herramientas para el texto

Penal

18 de Marzo de 2020

Manuel Enrique Rosso Pérez,
Letrado de la Administración de Justicia.


Al objeto de sintetizar al máximo las dos posiciones
existentes respecto la consideración obrante en el título, ambas se definen,
resumidamente, de la siguiente manera:

  • El delito fiscal es antecedente del
    delito de blanqueo de capitales en cuanto los bienes que proceden de dicho
    delito pueden considerarse procedentes o de origen delictivo grave. Estos
    bienes (la cuota tributaria defraudada) constituirán el objeto material del blanqueo.
  • El delito fiscal no puede ser
    antecedente del delito de blanqueo de capitales, pues la cuota tributaria, que
    es el objeto material del blanqueo, no se genera con la comisión del delito
    fiscal si no que ésta ya se encuentra
    integrada en el patrimonio del defraudador, por tanto, no tiene su origen en
    actividad delictiva alguna.

Existen varios argumentos que apoyan la tesis de que el
delito fiscal puede ser antecedente del delito de blanqueo de capitales.

En primer lugar, señalaremos un argumento sobre el que
fiscalía tiene un especial interés. Se trata de aquél que se ampara en lo
dispuesto por el artículo 1.4 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
, el cual reza: «A los efectos de esta ley se entenderá por bienes
procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos…..con inclusión de
la cuota tributaria en los delitos contra la Hacienda Pública«. De éste argumento se sirve así mismo
el Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de diciembre de 2012:

«Esta Sala, con las reservas que se apuntarán, se inclina
por ésta última posición por las siguientes razones:

1º) En primer lugar la norma administrativa de prevención del blanqueo
de capitales, que es una transposición de la Directiva 60/2005 fue más allá de
la redacción del texto europeo al recoger específicamente la cuota defraudada
como objeto del blanqueo y así el art. 1.2 de la Ley 10/2010, sobre Prevención
del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo -en vigor desde
el 30.04.2010- dice: «a los efectos de esta Ley» se entenderá por bienes
procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o
posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles
o inmuebles, tangibles
o intangibles, así como los documentos o 
instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la
electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un
derecho sobre los mismos, «con inclusión de la cuota defraudada en el caso de
los delitos contra la Hacienda Pública» .

Por tanto, según la legislación penal española, un delito
fiscal, en principio, no está excluido para poder ser delito precedente de un
blanqueo, dada su consideración, en todo caso, de delito grave.»

En segundo lugar, la Sala Segunda realizó un análisis de
derecho y jurisprudencia comparada de diversos países de nuestro entorno
(Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Portugal) para concluir que
«la situación jurídica en otros países permite constatar que en algunos
tribunales ya se ha pronunciado a favor de admitir que el fraude fiscal
constituya delito previo del blanqueo».

En tercer lugar, está el argumento del enriquecimiento
injusto.
Éste argumento carece de total sentido en
cuanto el enriquecimiento injusto es una figura propia del Derecho Civil y no
del Derecho Penal. Atendiendo a la figura civil, el enriquecimiento injusto
puede producirse por aumento del patrimonio o por evitación de su disminución.

Una vez expuesta la tesis doctrinal básica, la Sala Segunda
apuntó a la dificultad práctica esencial: «el problema, no es tanto el
origen o la procedencia delictiva de los bienes, cuanto la dificultad de
concretarlos e individualizarlos en el patrimonio del contribuyente, por cuanto
en principio no sería admisible la teoría de que todo el patrimonio del
contribuyente queda contaminado«.
Y aportó la siguiente solución: «el blanqueo de capitales exige la
concreción de un objeto específico o una pluralidad de bienes igualmente
determinados que proceden de una actividad delictiva, lo que no resulta fácil
cuando se trata de dinero, bien éste fungible por excelencia. La posibilidad de
que el fraude fiscal constituya delito previo del blanqueo requiere que durante
la investigación se pueda identificar razonablemente la parte de los bienes del
patrimonio del defraudador que constituyen la cuota tributaria».

Con posterioridad a la Sentencia de 5 de Diciembre de 2012
(caso «Ballena Blanca»), la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en
supuestos no vinculados al delito fiscal) ha venido introduciendo ciertas
exigencias valorativas en los supuestos de auto-blanqueo para evitar soluciones
desproporcionadas o que vulnerasen la proscripción de bis in idem. En esta línea, la Sentencia de 29 de
abril de 2015 establece que «la mera tenencia de fondos que pueden derivar
del tráfico (por ejemplo, 433 euros en una cuenta bancaria) o la simple
utilización de esos fondos en gastos ordinarios de consumo (por ejemplo el pago
del alquiler de la vivienda), o en gastos destinados a la continuidad de la
propia actividad del tráfico, no constituye un acto de auto-blanqueo pues no se
trata de actos realizados con la finalidad u objeto de ocultar o encubrir
bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber
sido adquiridos de forma lícita». Trasladando esta jurisprudencia a los
supuestos de delito fiscal, parecería que la mera posesión de la cuota
defraudada o su utilización en gastos ordinarios no integraría un supuesto
punible de auto-blanqueo de capitales; por el contrario, sí lo consumaría la
inversión de esa cuota en bienes muebles, inmuebles o valores o su ocultamiento
en cuentas cifradas en paraísos fiscales mediante sociedades pantalla.

La postura contraria a la consideración del delito fiscal como previo
al delito de blanqueo de capitales se planteó magistralmente por Don Antonio
del Moral García en su voto particular incluido en la ya citada STS de 5 de
diciembre de 2012. Debe excluirse el blanqueo de capitales que tiene su origen
en una defraudación a Hacienda por el simple hecho de que las cantidades objeto
de defraudación no tienen en ningún caso su origen en una actividad delictiva,
si no que tienen su origen en el trabajo, los rendimientos o incluso donaciones
lícitas llevadas a cabo por el defraudador, siempre que éstas lógicamente
superen los 120000 euros exigidos por el tipo del art. 305.1 del Código Penal.
Los rendimientos de capital o trabajo no transmutan su origen por el hecho de
no ser declarados y eludir así el pago del correspondiente impuesto. Por tanto,
la cuota defraudada supone un ahorro para el que no la declara, pero cuidado,
estas cantidades ya formaban parte del patrimonio del defraudador, por lo que
no son generadas por una actividad delictiva, lo que indudablemente supone que
la cuota defraudada no es un bien que pierda su origen lícito por el mero hecho
de no ser declarado, y, por tanto, no puede ser un bien con origen en una
actividad delictiva.

Cuestión diferente y que no plantea duda alguna son los
supuestos en que se obtienen de manera indebida devoluciones o se disfruta
indebidamente de beneficios fiscales. En estos supuestos el delito fiscal se
configura como antecedente del blanqueo de capitales sin ningún género de duda,
puesto que se trata de bienes que tienen su origen en una actividad delictiva, ya que no formaban parte del patrimonio
del defraudador antes de la comisión del delito, y por ello aumentan su
patrimonio como consecuencia de la defraudación, por lo que se trata de bienes
que pueden blanquearse con posterioridad a su ilícita obtención. Esta
interpretación aclara y a su vez favorece a la interpretación anterior, pues se
comprueba claramente como en unos casos la defraudación implica un aumento del
patrimonio del defraudador, y en el otro no se produce dicho aumento, pues la
cuota defraudada ya estaba integrada
dentro del mismo, por lo que en un caso estos bienes tienen su origen en una
actividad delictiva, mientras que en el otro caso los bienes tienen su origen
en una actividad lícita.

BIBLIOGRAFÍA.

Directiva
60/2015 de 26 de Octubre de 2015 del Parlamento Europeo y del Consejo. Código
Penal tras su última reforma por LO 5/2010 de 22 de Junio.

Ley
10/2010, sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
terrorismo. Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de Diciembre.

STS 5 de Diciembre de 2012.

STS 29 de Abril de 2015.

Acuerdo del Pleno no jurisdiccional 18 de
julio de 2006.

El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de
capitales Por Víctor Muñoz Casalta. Abogado Penalista. Pagina web el jurista

Delito
fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal
Supremo. Manuel Álvarez Feijoo. Abogado. Página web Legal Today.

El delito
fiscal como precedente del blanqueo de capitales. Cronología. Miguel Ángel
Montoya Abogado Penalista en Attrio Abogados

Manuel Enrique Rosso Pérez,
Número de artículos del autor 12
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* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotrá…

Agentes de la Policía Nacional, durante el desarrollo de la operación «Reyes» desarrollada en Almería y Roquetas de Mar, han detenido a 10 personas, quienes conformaron un entramado societario con empresas pantalla y testaferros, para blanquear el dinero procedente de las actividades ilícitas a las que se dedicaban.

Durante el transcurso de otro operativo policial en el año 2017 en Almería, en el cual se produjo el arresto de un clan familiar dedicado al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional inició las primeras investigaciones patrimoniales, para detectar la introducción en el tráfico legal de capitales procedentes de las actividades ilícitas, para así legitimar dichos activos y disfrutar de los mismos de manera legal.

La investigación policial fue desgranando un entramado mercantil, con empresas ficticias y sin actividad económica, testaferros y personas interpuestas que, a criterio de los agentes, han podido blanquear cantidades de dinero incalculables.

Movimientos económicos encubiertos

La «operación Reyes» se centró entonces en cuatro personas, un hombre y una mujer que son matrimonio, su hijo y la mujer de este. Residentes en Roquetas de Mar y en el Barrio Almeriense de Pescadería, diseñaron una red de testaferros y seis empresas pantalla, las cuáles se constituyeron como sociedades limitadas cuyo objeto social era múltiple. Fruto de estas investigaciones ha quedado suficientemente acreditado que, estas empresas han alcanzado un movimiento económico de gran magnitud en el periodo temporal de los últimos cinco años, el cual ha aflorado tras el inicio de las indagaciones policiales.

Además de estas cuatro personas detenidas, la Policía Nacional ha arrestado a otros cuatro testaferros, ubicados en diferentes provincias del entorno nacional, quienes trataban de ocultar los beneficios a través de empresas pantalla con supuesta actividad comercial legal entre las que se encontraba la compraventa de vehículos de alta gama, asentadas en dichas localidades.

Los detenidos, habían contratado o en su caso disponían de productos financieros en los cuáles manejaban cantidades superiores a los ingresos conocidos. Carecían a su vez de ingresos por empleos remunerados, y de haber dichos ingresos, éstos provenían de prestaciones de ayuda por parte del I.N.S.S.

Cuatro registros domiciliarios

Finalmente, en colaboración con la Fiscalía y con el Juzgado encargado de la instrucción del caso, se procedió a la entrada y registro de cuatro viviendas, dos en Almería, una en Aguadulce y otra en Roquetas de Mar.

Durante la práctica de los mismos, la Policía Nacional intervino tres vehículos de alta gama, algo más de 1.000 euros en efectivo, 80 gramos de oro, 229 plantas de marihuana, así como numerosa documentación de gran interés para la investigación.

Además, la Operación se saldó con el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias, el afloramiento y comunicación de las seis empresas ficticias, y el embargo y precinto de seis vehículos, además de los tres intervenidos.

Los detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, organización criminal, blanqueo de capitales, quien por el momento, ha acordado el ingreso en prisión de uno de ellos.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:¿Estamos preparados para erradicar el blanqueo de capitales?

Se estima que cada año hasta el 75% del dinero generado a partir de actividades ilegales, tales como el tráfico de armas, drogas o incluso personas, se consigue blanquear a través de algún punto de entrada al sistema financiero.

Lo que esto nos está diciendo es que luchar contra el blanqueo es, antes que una obligación legal, que también, una obligación moral, una cuestión de responsabilidad social. Cabría pues preguntarse, ¿estamos preparados para asumir esta responsabilidad?

Es un hecho que la tecnología digital está transformando el mundo. La llegada de las criptomonedas, la tokenización y la eclosión de las empresas ‘fintech’ han creado nuevas formas de dinero y han multiplicado las formas de interactuar con él, incluidas las menos honestas. Las autoridades, de forma acertada y en virtud de su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, responde a estas nuevas amenazas aumentando la presión regulatoria sobre los sujetos obligados, mediante dos tipos de actuaciones principales. Por un lado, amplía la propia definición de Sujeto Obligado, incluyendo una mayor tipología de negocios, como pueden ser joyerías, inmobiliarias, despachos de abogados, notarios, plataformas de financiación participativas, galerías de arte… y por otro lado, exige controles más exhaustivos. En resumen, más regulación para más empresas.

Como ciudadano me preocupa que el sector del cumplimiento normativo no sepa adaptarse a esta transformación. Como ingeniero no me cabe duda de que esta transformación sólo será posible a través de una disrupción tecnológica, que elimine de forma efectiva los frenos que hoy en día impiden un correcto cumplimiento por parte de las empresas.

El mayor freno a mi parecer es sin duda el elevado coste asociado a las tareas de cumplimiento. Un coste que viene dado, en gran medida, por la existencia de demasiados procesos ejecutados de forma manual. Si bien algunas tareas son necesariamente manuales, como el tratamiento de las alertas cuando hay alguna coincidencia con las listas globales de terroristas y sancionados que no pueden ser automatizadas, queda mucho por hacer para corregir la ineficiencia de las herramientas actuales. Siguiendo con el caso de las búsquedas en listas, es ciertamente desmotivante para el sujeto obligado que las herramientas actuales devuelvan una tasa de falsos positivos (personas clasificadas erróneamente de alto riesgo por el sistema) superior al 99%. Si a este pobre rendimiento se suma la total ausencia de herramientas económicamente asequibles para los nuevos sujetos obligados de pequeño y mediano tamaño, con partidas presupuestarias muy alejadas de las que disponen las entidades bancarias, el panorama desde el punto de vista de la empresa que quiere cumplir puede llegar a ser desolador.

Otro freno no menor a la hora de cumplir con las obligaciones es sencillamente el desconocimiento. A falta de una comunicación oficial a los sujetos obligados muchas empresas desconocen sus obligaciones, quedando además expuestas a ser multadas por el regulador. Una sencilla herramienta telemática, o la coordinación con otras instituciones, podría remediar esta situación.

La ausencia de inspecciones, sobre todo en sectores de ‘nuevos’ sujetos obligados, como las galerías de arte, podría considerarse un factor desincentivador. En este punto hago hincapié en que, en mi opinión, es la propia administración pública la responsable en último término de crear las condiciones y los incentivos necesarios que propicien tasas de cumplimiento y eficacia cada vez mayores. Si me aceptan el símil, nada hay nada más motivador para un trabajador que el ejemplo de un jefe justo, eficaz y diligente.

Otro freno que observo en la actualidad, sin duda más difícil de cuantificar, es el derivado de la complejidad de la regulación y los posibles conflictos o contradicciones con otro tipo de normativas, códigos o regulaciones. Un caso paradigmático es el secreto profesional que ampara a los abogados, y que les permite no tener que cumplir con alguna de las obligaciones de prevención, como la de comunicar o denunciar una operación sospechosa. En este caso específico, el artículo 22 de la Ley 10/2010 entra en conflicto con el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía, a la hora establecer la exigencia o no de encontrarse el cliente en un proceso de judicial para poder aplicar el supuesto.

Desde un punto vista más personal, creo que uno de los mayores enemigos de la Prevención del Blanqueo de Capitales es que su cumplimiento se percibe como un coste, cuando en realidad debería verse como un valor añadido, como un servicio más que la empresa ofrece a la sociedad a través de sus productos y servicios. Desde una perspectiva de consumidores, de forma análoga a los controles de seguridad en el aeropuerto, deberíamos exigir a los sujetos obligados que cumplan sus obligaciones de forma exhaustiva, correcta, y de la forma más efectiva y eficiente. Y a las empresas tecnológicas deberíamos exigir que pongan toda su capacidad creativa al servicio del desarrollo de nuevas y mejores herramientas.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales (I)

Herramientas para el texto

Penal

11 de Marzo de 2020

Manuel Enrique Rosso Pérez,
Letrado de la Administración de Justicia.


Desde hace ya algún
tiempo se viene produciendo un acalorado debate tanto por la doctrina como por
la jurisprudencia acerca de si el delito fiscal, recogido en el artículo 305
del Código Penal, puede ser antecedente del delito de blanqueo de capitales, y
más concretamente, puede ser antecedente del denominado «auto-blanqueo». Dicho
debate aún no ha sido resuelto, pues todavía hoy día nos encontramos con
publicaciones doctrinales así como resoluciones judiciales con pronunciamientos
cuanto menos discrepantes entre ellos. Resulta necesario, por no decir
obligatorio, realizar previamente una breve introducción sobre las
modificaciones que ha sufrido a lo largo de los últimos años el delito de
blanqueo de capitales, en aras todo ello a comprender
por qué actualmente es tendencia dominante por parte de la Jurisprudencia,
sobre todo de nuestro Tribunal Supremo, considerar el delito fiscal (en
concreto en su modalidad de defraudación de la cuota tributaria) como
antecedente del delito de blanqueo de capitales. Para hallar el origen en
nuestra legislación del delito de blanqueo de capitales debemos retroceder al
año 1988, en concreto a la Ley Orgánica 1/1988, donde se introdujo el artículo
546 bis f) en el ya extinto Código
Penal de 1973. En el citado artículo únicamente se refería al blanqueo de
aquellos bienes que tuvieran su origen en el tráfico de drogas. Con
posterioridad, y tras la reforma operada por el Código Penal de 1995, se
unificó la conducta de blanqueó que pasó a tipificarse en el artículo 301.Con
posterioridad, el delito de blanqueo fue así mismo modificado por la Ley
Orgánica 15/2003, y finalmente por la última gran reforma de nuestro texto
legal, esto es, la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010. Especial
relevancia merece esta última reforma, pues como veremos a continuación, supuso
la ampliación de las acciones punibles. Ésta introduce una suerte de verbos que
producen una ampliación de las conductas blanqueadoras. El delito pasa a ser
cometido por quienes adquieran, posean, utilicen, conviertan o transmitan
bienes, a sabiendas que éstos tienen su origen en una actividad delictiva,
cometida por él o por cualquier tercera persona. Se introducen los verbos
poseer y utilizar, ampliando por tanto el ámbito punitivo de la figura del
blanqueo. Así mismo, cabe destacar la modificación del término «delito» por el
término «actividad criminal». Ello supone que actualmente, para que una persona
pueda ser imputada por un delito de blanqueo de capitales no es necesario que
exista condena previa por otro delito del que tienen origen los bienes que
posteriormente son blanqueados, si no que bastará con que la conducta realizada
por el sujeto tenga una apariencia criminal, sin necesidad que la misma deba
incardinarse en el elenco de figuras descritas en el Código Penal.

En esta cronología debemos destacar el Acuerdo del Pleno
no jurisdiccional 18 de julio de 2006 (Sala Segunda TS) en el que se adoptó el
siguiente Acuerdo
: El artículo 301 del Código Penal no excluye, en todo
caso, el concurso real con el delito antecedente. Lo que el acuerdo significa
es que se admitía expresamente la modalidad de auto-blanqueo, es decir el
blanqueo de ganancias que tengan su origen en una actividad delictiva cometida
por el propio blanqueador. Aunque, no había ninguna referencia al delito
fiscal, lo cierto es que si hay un caso característico de auto-blanqueo es el
de fondos procedentes del fraude fiscal.

DELITO FISCAL: LA
CUOTA TRIBUTARIA

Cuando hablamos del delito fiscal como
antecedente del delito de blanqueo de capitales nos referimos única y
exclusivamente a una modalidad concreta de defraudación, concretamente a la de
eludir el pago de impuestos, bien por no realizar la respectiva declaración,
bien por realizar la misma de forma no veraz. Como consecuencia de lo anterior,
la cuota que resulte de dicha defraudación deberá en todo caso superar la
cuantía de 120000 euros. Por tanto, deviene de especial importancia el concepto
de cuota tributaria, pues es en torno a éste donde se produce la discusión
sobre si cabe o no la apreciación anterior.

Debemos de traer a colación la Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de diciembre de 2012.
En la indicada
sentencia se nos dice:

«Conforme al artículo 305 del Código Penal, la elusión del
pago de tributos (mediante una defraudación) constituye la conducta típica que
genera la obligación tributaria. Lo que surge es la denominada deuda
tributaria, que según el artículo 58.1 LGT está constituida por la cuota o
cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las
obligaciones de realizar pagos a cuenta. Es decir, el bien que procede del
delito fiscal es la cuantía económica correspondiente a la cuota tributaria,
que es una cantidad de dinero que constituye normalmente una proporción que se
aplica sobre la base imponible (gravamen)».

El concepto de cuota tributaria es importante porque
considerar que la cuota tributaria tiene su origen en una actividad delictiva
(delito fiscal) implicará la apreciación de ambos delitos, mientras que
interpretar lo contrario, supondrá la no aplicación del delito de blanqueo de
capitales.

EL OCULTO INTERÉS DE
FISCALÍA Y LA AGENCIA TRIBUTARIA: LA PRESCRIPCIÓN

La Fiscalía y Agencia Tributaria tienen interés en que el
delito fiscal sea considerado antecedente del delito de blanqueo de capitales.

Nos encontramos con que el delito fiscal, en atención a lo
dispuesto en el artículo 305.1 en relación con el artículo 131.1 del Código
Penal tiene un plazo de prescripción de 5 años. Este plazo empezará a contar
desde el momento en que acabe el período voluntario de presentación de la
respectiva declaración. Sin embargo, el delito de blanqueo de capitales
recogido en el artículo 301 del Código Penal contempla una prescripción de 10
años. Del tenor literal del artículo 131.5 del Código Penal resultaría una
prescripción para ambos delitos de 10 años, dada la conexidad entre ambos. Como
bien apunta MANJON-CABEZA OLMEDA, el blanqueo por posesión es un delito de
carácter permanente, lo que implica que el plazo de prescripción empieza a
computar desde el momento que cesa la situación ilícita, y esa situación
subsiste en tanto se siga poseyendo el bien proveniente del delito previo.

En resumen y a pesar de que contamos con incipientes
pronunciamientos del Tribunal Supremo, el debate doctrinal y jurisprudencial
sobre la posibilidad de que del delito

fiscal
sea delito precedente del blanqueo (y del auto-blanqueo) de capitales parece
lejos de estar definitivamente cerrado.

BIBLIOGRAFÍA.

Directiva
60/2015 de 26 de Octubre de 2015 del Parlamento Europeo y del Consejo. Código
Penal tras su última reforma por LO 5/2010 de 22 de Junio.

Ley
10/2010, sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del
terrorismo. Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de Diciembre.

STS 5 de Diciembre de 2012.

STS 29 de Abril de 2015.

Acuerdo del Pleno no jurisdiccional 18 de
julio de 2006.

El delito fiscal como antecedente al delito de blanqueo de
capitales Por Víctor Muñoz Casalta. Abogado Penalista. Pagina web el jurista

Delito
fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal
Supremo. Manuel Álvarez Feijoo. Abogado. Página web Legal Today.

El delito
fiscal como precedente del blanqueo de capitales. Cronología. Miguel Ángel
Montoya Abogado Penalista en Attrio Abogados

Manuel Enrique Rosso Pérez,
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* Este artículo fue publicado originalmente aquí.

L. Fotis Lymberópulos Presenta:El agente Fali Ramadani investigado por presunto blanqueo de capitales

Fali Ramadani, agente de futbolitas.
Fali Ramadani, agente de futbolitas.
Ángel Rivero

Fali Ramadani, agente de futbolistas, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por participar en uan presunta trrama de blanqueo de capitales descubierta en Mallorca, según informa el diario Última Hora. La Guardia Civil ha registrado durante seis horas si vivienda ubicada en una exclusiva urbanización del municipio de Calvià y ahora se analiza la documentación intervenida. En la operación han intervenido el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y el Grupo de Investigación Finaciera (GIF) ambos pertenecientes a la UCO.

El representante de futbolitas está acusado de un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales y en unos días deberá viajar a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional en calidad de investigado, según confirmaron este sábado en fuentes judiciales.

Otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en el mismo caso. Los sospechosos son de países del Este y utilizaron a algunas conocidas empresas de la Isla para blanquear.

Además de Fali Ramadani, la Guardia Civil ha imputado a un exportero de fútbol de una selección internacional que reside también en el municipio de Calvià, muy cerca del representante. Ramadani representa a figuras mundiales como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly.

* Este artículo fue publicado originalmente aquí.